Alta corrupción de cuello y corbata

Lo que se viene es un verdadero cataclismo político, social y económico que deberá reordenar y provocar cambios institucionales públicos y privados.

Redacción: David Montoya | Hechos | Publicado el: 27/01/2017 13:01
Alta corrupción de cuello y corbata

“…la corrupción tiene una raíz profunda en la distancia que se ha ido creando entre representantes y representados.

Si la corrupción socava la democracia,

sólo una profundización de la democracia podría ir diluyendo la corrupción”

(Manuel Castells)

En la introducción del Informe Final de la Comisión Investigadora que presidió la congresista Anel Townsend se señala que: “Los grandes países no son aquellos que no han tenido periodos de corrupción, de barbarie o de graves violaciones a los derechos humanos sino aquellos que han sabido enfrentar dichos momentos, mostrar la verdad de los hechos y proponer medidas de trasparencia y de control democrático que impedirán que en el futuro se repitan esos acontecimientos. Examinar sin temor la verdad para así superarla eso es lo que ha pretendido la Comisión”.

Este es el reto del Perú y de otros países de América Latina a propósito de la develación de la práctica corrupta de la empresa Odebrecht en sus múltiples negocios y cuyo dinero para ganar ventajas obviamente ingresó a los bolsillos de funcionarios públicos y partidos político o por lo menos los dueños de esos partidos, se asoció con múltiples razones jurídicas privadas e incluso algunos de estos recursos habrían llegado a proyectos o programas de cooperación internacional o del ONGs que trabajan en el Perú. Por ejemplo, ya se habla de fondos de esta empresa que alcanzaron al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), puede haber más.

En conclusión, lo que se viene es un verdadero cataclismo político, social y económico que deberá reordenar y provocar cambios institucionales públicos y privados.

Si Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos establecieron un marco institucional informal o paraformal para el funcionamiento de la red corrupción desde el Estado peruano y el sector público a donde acudían múltiples intereses y poderes económicos como lo confirman los “vladivideos” grabados en la sala del SIN; Marcelo Odebrecht y otros 76 directivos de esa organización empresarial transnacional o multinacional establecieron un sistema de corrupción y de entrega de prebendas a partidos políticos, funcionarios públicos y candidatos políticos de América Latina para asegurarse una ventaja e influencia y ganar mayores utilidades.

Así como el Servicio de Inteligencia Nacional fue el núcleo por donde se desviaron fondos y se atendieron favores o se acordaron acciones, Odebrecht llegó a establecer en su organigrama privado la División de Operaciones Estructuradas (DOR).

Todo ello fue revelado por la Corte del Distrito Este de Nueva York que en diciembre difundió un documento con la acusación de los fiscales contra Odebrecht declarándola culpable y el acuerdo para reparar a Estados Unidos, Suiza y Brasil con el pago de multas por USD 2.600 millones.

Para esto Odebrecht creo una compleja estructura financiera secreta que operó para contar y desembolsar los pagos para los beneficiados extranjeros. Así la DOR funciono como un aparato de sobornos.

Así se conoció que entre el 2001 y el 2016, Odebrecht habrían pagado millones de dólares. Según INFOBAE, durante ese período, Odebrecht pagó aproximadamente USD 788 millones en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

Y como en el decenio montesinista y fujimorista, el lado oscuro de esta acción privada montó aparatos de inteligencia y comunicaciones buscando no ser detectados. La DOR uso para estas actividades ilícitas formas de comunicación no registradas en los libros oficiales. Este sistema de comunicación se llamó Drousys, y les permitió que pudieran comunicarse los miembros de esta red oscura entre sí, así como las transacciones, correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos, utilizando códigos y claves.

El otros sistema tecnológico usado es el MyWebDay, que le servía a Odebrecht para hacer pedidos de pagos, procesos de transferencias y generar hojas de cálculo que controlaran el presupuesto oculto de la empresa.

Pero sin duda, la otra estrategia usada como parte de este engranaje de corrupción eran las reuniones y lobbys que los principales directivos de Odebrecht usaban como punta de lanza para abrir camino y asegurar éxitos en las transacciones, contratos o concesiones de las obras que operaban en varios países de América Latina.

En el Perú por ejemplo, ya se reveló que el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Henrique Simões Barata, visitó Palacio de Gobierno entre el 2006 y el 2011 hasta en 16 oportunidades. Seis fueron entrevistas directas con Alan García y las otras en el período de licitación del Metro de Lima.

Por cierto Barata ya contó en Brasil quiénes eran los funcionarios peruanos que recibieron las coimas, los montos y cómo se estructuró el pago de sobornos, por eso empiezan a ser detenidos los primeros ex funcionarios públicos. Pero la coima y el soborno en la práctica era una inversión para Odebrecht ya que los sobornos se estiman en USD 788 millones con los cuales se aseguró proyectos en diversos países y a través de estos alcanzó una ganancia del orden de los 3,336 millones de dólares. Negocio redondo.

Según la investigación de los fiscales estadounidenses, Odebrecht movilizó USD 349 millones en sobornos en Brasil, que le generaron USD 1.900 millones de beneficios, y USD 439 millones entre los otros 11 países involucrados, que le rindieron USD 1.400 millones.

En el Perú, la información de Odebrecht que viene de los tribunales norteamericanos prácticamente ha provocado un colapso político en nuestra doméstica escena nacional. Porque está muy claro que la intervención y práctica de los sobornos se extendió en los últimos tres gobiernos constitucionales, Humala, García y Toledo. Aunque también está confirmado que la mayoría de las obras que Odebrecht ejecutó en el Perú se hicieron en la década del 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Frente al caso, el Ministerio Público y el Poder Judicial se encuentran en plenas coordinaciones con sus pares brasileños y los primeros detenidos y las primeras incautaciones empiezan a aparecer.  Un ex viceministro de comunicaciones y funcionarios de su entorno que estuvieron operando la licitación de la Linea 1 del Metro de Lima.

Son los primeros que caen y por supuesto los peces gordos siempre se van a indignar públicamente o porque se sienten seguros o porque no avanzarán mucho sus procesos en el Poder Judicial. Falta mucho pan por rebanar, y mayor información tendrán los operadores de justicia peruanos cuando Jorge Barata el hombre todopoderoso de Odebrecht en el Perú empiece a hablar y que ya pidió acogerse a la colaboración eficaz en el Brasil.

Así que más y mayores nombres y de mayor peso empezarán a salir o confirmarse. Pero, los implicados ¿sólo están en el sector público?

La empresa Graña y Montero a través de su gerente Mario Alvarado Pflucker ha declarado que Odebrecht engañó a su empresa, a los bancos y otras instituciones. El tiempo y la información lo dirá. Lo que es claro es que se necesita ir hasta el final y dure el tiempo que dure.

No hay que olvidar que con la investigación que el parlamento hizo sobre Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos entre el 2000 y el 2002, las voces desde el sector privado al inicio del gobierno de Toledo era, ya es suficiente de investigación pasemos la página y  miremos el crecimiento. Hasta la fecha no se logró saber con exactitud que, quienes y cuantos empresarios pasaron por la sala del SIN, si fueron sólo los que aparecieron en los “vladivideos” o fueron muchos más.

Otra lección para el Estado es que debe revisar sus métodos e iniciativas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, dos de ellas no funcionan. Nos referimos a la obligación de los funcionarios de presentar su declaración jurada de ingresos y rentas al inicio de su gestión, en el transcurso y al final de la misma.

Antes, sólo presentaban estas declaraciones los funcionarios que ganaban por encima de los 6 mil nuevos soles, hoy a partir de una Unidad Impositiva Tributaria. Jorge Cuba como Viceministro debe haber presentado todos estos procedimientos, lo mismo que el entorno que hoy se encuentra perseguido y es evidente que una base de datos que sólo sirve como depósito de datos y no se trabaja, interconecta o cruza con otras no tienen ningún sentido.

Lo mismo ocurre con el Registro de Gestores de Intereses (lobbys) a la que obliga inscribirse la Ley N° 28024 en Registros Públicos. Saben ¿cuantos gestores de intereses correspondientes a Lima se encuentran inscritos, en este registro? Apenas 20 entre personas naturales y jurídicas. Por supuesto que no se encuentran ninguno de los nombres conocidos a propósito del caso de Odebrecht o del caso Petroaudios.

Tenemos algunos instrumentos para transparentar la gestión pública, pero pareciera que no hemos dado en el blanco sobre el marco institucional que se requiere para luchar contra la corrupción. A veces, nuestras respuestas, sobre todo legales, tiene en el fondo la lógica del panóptico (arquitectura carcelaria) propuesta por el filósofo utilitarista Jeremy Bentham, en el sentido que a partir del verlo todo o tenerlo todo (registro por ejemplo) a la vista no es suficiente para controlarlo.

La eficacia del sentido del panóptico en la aplicación de la norma sólo será relevante si de verdad las personas perciben que de no caminar por la senda correcta serán identificados y sancionados. Y eso pasa porque haya sanción y escarmiento por la transgresión, sin ventajas o tratamientos especiales. Esa es la eficacia de las normas, que las personas perciban que sin haber nadie para vigilar hay que cumplir con la ley porque existe un alto costo de oportunidad de transgredir la norma.

Odebrecht recién se inicia y al igual que con el caso Fujimori-Montesinos, no sólo se tratara de establecer sanciones económicas y penales, sino de establecer cambios institucionales en el Estado que permitan una defensa mayor de la corrupción.

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