Canasta fujimorista

Hace 23 años que el sistema establecido en el Congreso no puede ser variado porque son los propios congresistas los que impiden que se produzca el cambio pues de ese modo pueden pagar favores políticos electorales

Publicado el: 20/12/2016 15:12
Canasta fujimorista

El “zaperoko” causado por divulgación de las canastas navideñas y vales que recibirán los 130 congresistas y todos los trabajadores del Congreso de la República, si bien es una acción congresal que todos los años de produce desde los año 90, el impacto negativo y por tanto el desprestigio institucional está directamente relacionado con el desprestigio generalizado de la política y en particular del parlamento y de sus actuales inquilinos.

Este escándalo esta, íntimamente, relacionado con el modelo de administración organizativa existente en el parlamento y que es una herencia que fue creado en los años 90 luego del golpe de Alberto Fujimori, y se instauró a partir del llamado Congreso Constituyente Democrático (CCD) el año 1993.

Como muchos recordarán al argumento del expresidente Fujimori en ese momento, para desprestigiar en extremo al Congreso y preparar el camino del golpe, era que el parlamento de diputados y senadores que sumaban 240 parlamentarios era muy caro en desmedro de la pobreza del pueblo que se requería un Congreso más eficiente, con menos costos y con menos parlamentarios, e incluso el actual expresidente preso anunció demagógicamente en ese tiempo que ganarían sueldo mínimo.

Por eso el CCD contó con 80 congresistas, y los parlamentos a partir de 1995 tendrían 120. En los últimos años se incorporaron 10 más por lo que el parlamento unicameral es de 130 congresistas. Todo se hizo bajo el argumento de que el parlamento bicameral con 240 congresistas era muy costoso en cuanto a asesores, personal y costos administrativos.

El CCD estableció que se iban a integrar estándares modernos de administración para hacer el parlamento más eficiente. Para empezar se dejó de lado la sana costumbre de que la institución proveía del personal especializado al congresista, y este apenas colocaba a un asesor de su confianza.

El fujimorismo en 1993 estableció que una cosa era el servicio parlamentario, el personal de planta y permanente del Congreso y otra el personal de la organización parlamentaria, el recurso humano de confianza del congresista electo, y éste a sola firma de un memorándum  puede pedir contratar para su despacho y las comisiones ordinarias o de investigación o de estudio a asesores principales, secundarios, secretarias, personal administrativo.

En la práctica se duplicó la estructura administrativa del Congreso y se instauraron feudos congresales en cada despacho parlamentario, donde el representante electo puede a sola firma, vía memorándum, contratar a todo el personal de asesoría profesional para su labor y el personal administrativo que debiera resolver los temas logísticos de la función parlamentaria.

Hace 23 años que este sistema establecido no puede ser variado porque son los propios congresistas los que no permiten que se produzca el cambio, porque esta forma de organización le permite pagar favores políticos electorales con los más cercanos que apoyaron en la campaña. Pero ello no garantiza eficacia en el trabajo parlamentario.

Sin embargo, este tipo de administración también se presta para la corrupción y el aprovechamiento. Todavía no aparecen, pero de seguro harán denuncias contra congresistas que aprovechando su absoluta discrecionalidad en estas contrataciones, obligan a contribuciones personalísimas a las personas que promovieron para que sean contratadas. Cuando el congresista es elegido para dirigir una comisión ordinaria, de investigación o especial, sus posibilidades de contratar personal se incrementa de manera significativa.

El Congreso de menor costo y mayor eficiencia sólo fue un delirio o pretexto de Alberto Fujimori para cerrar el Congreso. Si en el Senado y diputados antes del 93 habían más de 1,000 personas hoy ese número con 130 congresistas se cuadriplico. Y es que el parlamento sirve sobre todo para pagar favores políticos. Lo confirma la contratación de 23 miembros de Fuerza Popular que participaron activamente en la campaña electoral en puesto de confianza (organización parlamentaria) con altos sueldos.

Pero no sólo los únicos que actúan bajo esas premisas. Todas las bancadas deben tener más o menos personal con las mismas características y que estuvieron ligados a la campaña política de sus grupos. No es el mejor criterio porque ello no asegura la mejor asesoría política o profesional, pero es lo que se viene repitiendo desde los años 90.

Las canastas navideñas que han sido objeto de escándalo, y que en honor a la verdad se reparten anualmente desde los años 90 a todos los trabajadores y a los congresistas, aunque para estos últimos también hay canastas especiales adicionales o ventajas, muestran que se requiere un ordenamiento administrativo que lo único consolida es la discrecionalidad de los congresistas para contratar personal, pago de pasajes para eventos y demás beneficios de la administración del parlamento nacional.

David Montoya David Montoya

Profesional en análisis de políticas y gestión pública, reforma del Estado y descentralización. En sus tiempos libres, periodista de opinión.