¿Salvemos a la reina?

Lo que le espera a Humala, su cónyuge, familiares y entorno amical más cercano, es explicar en los tribunales el movimiento de dinero que tuvieron en sus manos, su origen, uso y destino.

Publicado el: 21/04/2016 13:04
¿Salvemos a la reina?

El presidente Ollanta Humala declaró ante el fiscal que tiene en sus manos la investigación sobre las agendas de Nadine Heredia, que todo lo que está escrito en ellas fueron por orden directa suya, asumiendo toda la responsabilidad en este caso que ha puesto en jaque a la pareja presidencial y sus más cercanos familiares y allegados.

Los políticos opositores a su régimen señalan que estas afirmaciones las realizó para salvar a su cónyuge, a sabiendas que a él le corresponde inmunidad por ser el Jefe de Estado. Si se refieren a que en estos momentos y hasta el 28 de julio no puede ser procesado, estamos de acuerdo. Sin embargo, los plazos para la investigación fiscal pueden ampliarse hasta después de esa fecha, cuando Humala pueda ser juzgado como cualquier ciudadano. Además, los hechos por los que él podría ser enjuiciado ocurrieron mucho antes de ser elegido presidente la república, esto es en el 2009, fecha en que no tenía la inmunidad que le da el hecho de ser mandatario de la nación.

Aunque de manera tardía pero previsible, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha elaborado un informe sobre este caso, recomendando que la fiscalía investigue a Heredia y su entorno familiar y amical, por los delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

Lo dicho por Humala, si estuviéramos en Estados Unidos, Guatemala, Chile, Ecuador, República Dominicana y hasta en Venezuela, podría ser calificado como delito de perjurio, un tipo penal que lamentablemente no existe en el Perú, por obra y gracia de decenas de juristas que se encargaron de redactar el Código Penal y sus distintas modificatorias. En cualquiera de esas naciones la pena es muy severa y oscila entre los 4 y 6 años de cárcel efectiva.

En noviembre de 2014 la congresista Martha Chávez presentó un proyecto de ley para crear este delito en el Código penal, y sancionarlo con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor a 6 años. La disposición señalaba que “incurre en perjurio el que ante autoridad judicial, tribunal arbitral, ante una Comisión investigadora del Congreso, ante un funcionario, autoridad o persona competente para recibir su declaración y habiendo prestado juramento o promesa de decir la verdad, afirma como verdadero un hecho que sabe que es falso”. En el caso que el infractor sea un funcionario público se le inhabilitará por el mismo tiempo de la condena.

La propuesta fue derivada a la Comisión de Justicia que en enero de 2015 emitió dictamen favorable. Luego de ello fue acumulada a otros 150 proyectos de ley que también proponían modificar otros artículos del Código penal y a la fecha se ha pedido al presidente del Congreso y a la Junta de Portavoces que le otorgue prioridad para su debate en el pleno del Congreso.

Así se apruebe mañana y se promulgue de inmediato, Humala puede respirar tranquilo ya que como sabemos, la ley penal no es retroactiva, salvo que beneficie al infractor, que no es este caso.

Lo que le espera a Humala, su cónyuge, familiares y entorno amical más cercano, es explicar en los tribunales el movimiento de dinero que tuvieron en sus manos, su origen, uso y destino. Van a ser varios meses de estar en el centro de la noticia, sobre todo después de la advertencia del presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Gustavo Rondón, quien trajo a colación el caso del gánster Al Capone, quien no fue condenado por ser jefe de una mafia sino por “evasión tributaria”. "Ahí están todo los argumentos que fundamentan cada acusación, fundamentalmente de Lavado de activos, que viene de todo lo que hemos recaudado de información, y de defraudación tributaria, que se comprueba con los depósitos que existen y las declaraciones a la Sunat”, sentenció. Una advertencia que sonó a presagio. El tiempo le dirá si tuvo o no razón.

Luis Grados Luis Grados

Periodista y abogado con especialidad en temas políticos. Actual Decano del Colegio de Periodistas de Lima.