Para una adecuada gestión ambiental (V)

Debemos acometer la tarea de seguir reforzando la legalidad e institucionalidad del Estado, con los pesos y contrapesos que aseguren el manejo coordinado de la cosa pública.

Publicado el: 02/12/2016 16:12
Para una adecuada gestión ambiental (V)

Lo que corresponde para conciliar las inversiones económicas con las expectativas sociales y ambientales es que actuemos como una República, es decir,  tomarnos en serio que hemos adoptado una forma de gobierno basada fundamentalmente en el imperio de la ley; la separación y control de poderes; la idoneidad como condición para el acceso a los cargos públicos; y la responsabilidad de políticos y funcionarios.

Sobre esa base debemos acometer la tarea de seguir reforzando la legalidad e institucionalidad del Estado, con los pesos y contrapesos que aseguren el manejo coordinado de la cosa pública; mejorar  los instrumentos de gestión y aprobar los que faltan; promulgar la legislación que haga efectivo el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; y generar una cultura de participación ciudadana responsable, informada e institucionalizada.

En suma, que cada quien haga bien lo que por atribución jurídica le toca hacer para que seamos, de veras, una República; lo cual se resume en las siguientes acciones:

  • El Congreso que apruebe el marco legal idóneo, revisando por ejemplo la confusa e inorgánica legislación sobre ordenamiento territorial y clarificando su aplicación.
  • El Minam, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tener relación funcional con las entidades con competencias ambientales de todos los niveles del Estado, para garantizar su independencia técnica. Ejercer el liderazgo en los aspectos ambientales que la ordenación territorial, con visión nacional, reclama. Velar por el correcto desempeño del Senace para que las certificaciones ambientales de los EIA-d y los que progresivamente asuma alcancen el respeto de la sociedad por estar sustentados en EIA adecuadamente elaborados, para así terminar con la marcada desconfianza de la colectividad en relación con el proponente y la calidad del EIA (casos de Conga y Tía María). Elaborar la reglamentación sectorial sobre los EIA ante el incumplimiento sectorial. Aprobar los LMP y ECA faltantes con participación sectorial o sin ella si se excede un plazo razonable. Revisar aleatoria y transparentemente un porcentaje de EIA aprobados en todos los niveles de gobierno y actuar con energía ante el incumplimiento para disuadir a otros infractores. Controlar si los sectores y niveles regionales y locales están garantizando en sus ámbitos el cumplimiento de la política y normativa ambiental y, si no lo hacen, que los conmine y accione para que se les imponga las sanciones correspondientes.
  • Los gobiernos locales y regionales, fortalecidos institucionalmente y mejoradas sus competencias ambientales; actuar como parte del Estado, ejerciendo en sus respectivos ámbitos sus atribuciones públicas, aprobando los instrumentos de gestión ambiental (ZEE, Plan de Acondicionamiento Territorial, Plan de Desarrollo Metropolitano, Plan de Desarrollo Urbano, Plan Urbano Distrital, Esquema de Ordenamiento Urbano, Plan Específico y Planeamiento Integral), o expidiendo las certificaciones ambientales de las Declaraciones de Impacto Ambiental para actividades que provocan impactos ambientales no significativos (estaciones de servicio de combustibles, pequeñas procesadoras de alimentos, edificaciones urbanas, etc.); y no solo sumándose a la protesta como si fueran parte de la sociedad civil. Desde luego deben también mejorar sustantivamente su capacidad de invertir los recursos, en especial los provenientes del canon minero, en infraestructura y servicios sociales.
  • Las personas y empresas que realizan actividades económicas, cumplir fielmente con sus obligaciones ambientales o, mejor aún, ir más allá de las exigencias legales a través de la responsabilidad social corporativa.
  • El ente fiscalizador competente -nacional, regional o local- fiscalizar, supervisar, evaluar, controlar y, de ser el caso, sancionar oportunamente el incumplimiento de las obligaciones socioambientales. Para tal efecto deben contar con los recursos necesarios provenientes del propio fiscalizado, bajo el principio de internalización de costos.
  • El Ministerio Público, ejercer la acción penal en los delitos contra el ambiente y los recursos naturales; y contra aquellos que alteran el orden público y atentan contra la salud, vida, propiedad pública y privada. Asimismo, patrocinar la defensa de los intereses difusos de naturaleza civil ambiental.
  • El Poder Judicial, procesar y, de ser el caso, condenar a los delincuentes implicados en la comisión de delitos contra el ambiente y los recursos naturales; y hacer lo propio contra los que alteran el orden público y amenazan o dañan la salud, vida, propiedad pública y privada como consecuencia de protestas al margen de los cauces legales previstos. Asimismo, tramitar y resolver oportunamente los procesos de tutela ambiental que se tramitan en las vías constitucional, contencioso - administrativa y civil.
  • La Contraloría General, procesar y sancionar a los funcionarios que por acción u omisión incumplan sus atribuciones ambientales.
  • La Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, gestionar los conflictos y no únicamente las crisis que éstos originan.
  • La ciudadanía, ejercer de manera informada y responsable su derecho-deber  de vigilancia y control ciudadano, velando por el cumplimiento de las obligaciones ambientales que corresponden a los titulares mineros o de otras actividades económicas; así como también porque los entes públicos ejerzan sus atribuciones ambientales; pero en todos los casos usando los cauces institucionales previstos –acceso a la información, justicia y decisiones- y sin afectar el orden público, ni perjudicar la salud, vida, actividades, bienes y servicios públicos o privados.
Carlos Andaluz Westreicher Carlos Andaluz Westreicher

Abogado de la PUCP, catedrático de derecho ambiental en las universidades de Lima, Católica y Pacifico. Es presidente de Proterra. Autor de varias publicaciones relacionadas con el medio ambiente.