Para una adecuada gestión ambiental (IV)

La conciliación de intereses debería ser producto de un proceso de negociación técnico, desapasionado, transparente, intersectorial, descentralizado y participativo.

Publicado el: 08/11/2016 17:11
Para una adecuada gestión ambiental (IV)

Lamentablemente la conciliación de los intereses sociales, económicos y ambientales en nuestra política, legislación y administración ambiental ha sido claramente determinada por la tensión dialéctica entre dos aspectos que erradamente se perciben como dicotómicos: promoción de las inversiones y protección del ambiente. Prueba de ello son los sucesos del llamado “Baguazo” desembocando en una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre o el de Conga alumbrando al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace)[1] para revisar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d). En realidad esta conciliación de intereses debería ser producto de un proceso de negociación técnico, desapasionado, transparente, intersectorial, descentralizado y participativo.

No olvidemos que la justificación para la creación del Senace fue que la entidad que promovía las inversiones no debería ser la misma que aprueba la certificación ambiental, por una supuesta incompatibilidad de intereses que terminaba favoreciendo la promoción de inversiones en desmedro de la protección del ambiente. Se mencionaba inclusive una suerte de contubernio entre la entidad pública que promueve las inversiones y la empresa proponente de una actividad sujeta a certificación ambiental, o, en el mejor de los casos, falta de imparcialidad de la entidad pública; lo cual es poco probable desde que la empresa antes de iniciar actividades requiere también la expedición de múltiples títulos habilitantes que están bajo la competencia de otras autoridades de ámbito nacional y subnacional; y de otro lado, la entidad, antes de emitir la certificación ambiental, debe contar con la opinión previa y en algunos casos vinculante de autoridades de otros sectores.

Tal es el caso de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que opina de manera vinculante, lo cual significa que, aunque hubiera presiones políticas al interior de quien aprueba la certificación ambiental, la opinión negativa de la ANA basta para que no se apruebe el EIA. Asimismo, si el proyecto compromete el territorio de Áreas Naturales Protegidas o su Zona de Amortiguamiento, la entidad está obligada a contar con el informe previo vinculante del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp); y así podemos seguir con los bienes jurídicos que son objeto de protección por otros sectores y niveles de gobierno, como por ejemplo el patrimonio arqueológico sujeto al informe previo vinculante del Ministerio de Cultura. Si esto es así, tendremos que concluir que las presiones en realidad involucran a más de una autoridad de diferentes sectores públicos, así que no bastará contar con la “complicidad” de la entidad que aprueba la certificación ambiental, sino también de ANA, Sernanp, Ministerio de Cultura, etc.; a efectos de que todos incumplan su deber de tutela de los intereses públicos que les ha sido confiado y, si esto es así, ¿qué evitaría que tales presiones no se hagan a la “nueva autoridad ambiental”? De manera que la “falta de imparcialidad” termina siendo una falacia, pues aunque un ente público sea parcial, los demás sectores tienen la oportunidad de defender sus fueros.

Prueba de las diversas instancias que deben emitir un pronunciamiento autónomo, es la Ley 30327 (21.mayo.2015), Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, que ha creado la Certificación ambiental global, que es el acto administrativo emitido por el Senace mediante la Ventanilla Única de Certificación Ambiental, por el cual esta nueva entidad, nacida de la tensión dialéctica entre promoción de las inversiones y protección del ambiente, aprueba el EIA-d[2], integrando a este los títulos habilitantes que corresponden a la naturaleza del proyecto y que están relacionados al procedimiento de certificación ambiental, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

El procedimiento de Certificación Ambiental Global tiene la finalidad de incorporar progresivamente en un solo procedimiento administrativo los distintos títulos habilitantes relacionados con la certificación ambiental global que corresponde con la naturaleza del proyecto y que son exigibles por disposiciones legales especiales. Una vez realizada la evaluación del estudio de impacto ambiental y recibidos los informes técnicos que sustentan el otorgamiento de los títulos habilitantes, así como las opiniones técnicas previas vinculantes y no vinculantes, el Senace, de corresponder, emite la resolución de certificación ambiental global, que comprende en un único acto administrativo.

 

[1] Ley 29968 (20.diciembre.2012), modificada por Ley 30327 (21.mayo.2015).

[2] La segunda disposición transitoria complementaria de la Ley 30327 (21.mayo.2015), Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, establece que el Senace asumirá progresivamente la función de aprobar los estudios de impacto ambiental semidetallados (EIA-sd) regulados por la Ley 27446, LSEIA, pudiendo aplicar la Certificación Ambiental Global a dichos instrumentos.

Carlos Andaluz Westreicher Carlos Andaluz Westreicher

Abogado de la PUCP, catedrático de derecho ambiental en las universidades de Lima, Católica y Pacifico. Es presidente de Proterra. Autor de varias publicaciones relacionadas con el medio ambiente.