Para una adecuada gestión ambiental (II)

El ordenamiento territorial, en aras de lograr el desarrollo sostenible, debiera ser el más importante de los instrumentos de gestión pública.

Publicado el: 30/09/2016 11:09

El ordenamiento territorial, en aras de lograr el desarrollo sostenible, debiera ser el más importante de los instrumentos de gestión pública y, por ser “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad”[1], debería ser la herramienta clave para el planeamiento estratégico, involucrando activamente al gobierno nacional, no solo mediante el liderazgo que le toca al Ministerio del Ambiente (Minam) para velar por las políticas ambientales, sino ampliarlo a los sectores más representativos de las políticas económicas y sociales; y desde luego, al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), con el fin de encauzar y coordinar, con visión nacional, las acciones regionales y locales que fragmentariamente se vienen realizando actualmente mediante los procesos de Zonificación Ecológica Económica (ZEE).

En definitiva, no es más que adoptar concertadamente decisiones anticipadas respecto de los usos de los espacios, atendiendo a sus potencialidades y limitaciones, así como a las necesidades humanas; para establecer dónde se hará agricultura, ganadería, habilitaciones urbanas e industriales, minería, aprovechamientos energéticos, acuícolas, turísticos, recreativos, etc.; y también dónde tales actividades no son convenientes por razones de conservación (Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Protección de Recursos Hídricos, fajas marginales, etc.) o porque suponen riesgos naturales (inundación, huaycos, fallas geológicas, etc.). En esta identificación participativa y concertada de los mejores usos del territorio se deben evitar los prejuicios o intereses encubiertos que conlleven a su utilización como mecanismo antelado de veto para ciertas actividades productivas, utilizando como argumento la conservación del ambiente.

La asignación de usos sobre la base de las potencialidades y limitaciones del territorio es dinámica y flexible. Dinámica porque se adapta a los cambios de la naturaleza, la sociedad, la economía, la ciencia, la política interna y externa, entre otros; y flexible porque, en última instancia, responde al interés público, por lo tanto, si luego de un análisis costo–beneficio en los niveles social, económico y ambiental, se concluye que conviene al interés nacional darle al territorio un uso distinto al inicialmente planificado, no hay óbice para que así sea; aun cuando como resultado hayan afectaciones a intereses particulares o colectivos; o resulten lesionados algunos componente ambientales. En este caso se implementarán las compensaciones socioeconómicas a los individuos o colectivos afectados y las compensaciones ambientales para reponer los bienes y servicios que prestaban los componentes naturales modificados.

Lamentablemente, este instrumento adolece de un tratamiento legal inorgánico y confuso; así como de una asignación de atribuciones institucionales muy sesgada a lo ambiental, soslayando los aspectos económicos; por lo que resulta evidente y necesaria su urgente revisión.

[1] Carta Europea de Ordenación del Territorio.

Carlos Andaluz Westreicher Carlos Andaluz Westreicher

Abogado de la PUCP, catedrático de derecho ambiental en las universidades de Lima, Católica y Pacifico. Es presidente de Proterra. Autor de varias publicaciones relacionadas con el medio ambiente.