Impactos de la minería ilegal

Preocupa la actitud de empresarios formales, que se vanaglorian de su “responsabilidad social corporativa”, mientras lucran abasteciendo de maquinarias e insumos o financiando a los informales.

Publicado el: 21/06/2016 18:06
Impactos de la minería ilegal

La manera en que se realiza la minería artesanal es de alto impacto ambiental porque, aunque fuere legal, por ser de subsistencia difícilmente puede asumir los costos de prevención y mitigación de los daños ambientales; y cuando se trata del minero artesanal o pequeño productor ilegales, simplemente no hay consideración alguna en este sentido, sino que, como toda actividad ilegal, procura extraer el producto en el menor tiempo posible porque es latente la intervención de los agentes públicos, sin detenerse en consideraciones sobre el uso de tecnologías apropiadas o parámetros ambientales. Esto se agrava porque, como es sabido, mucha de la minería ilegal escapa a los volúmenes considerados de pequeña escala, pues tienen una capacidad instalada de producción y/o beneficio para mucho más que 350 TMD, gracias a la utilización intensiva de maquinaria y equipos –dragas, cargadores frontales, camiones volquetes, etc.– capaz de procesar grandes cantidades de mineral.

Tratándose de operaciones auríferas aluviales, como el caso de Madre de Dios, los impactos ambientales son la depredación de flora, fauna, agua y suelo por la remoción y lavado del suelo y destrucción del vuelo forestal, con la consecuente pérdida del recurso flora, desplazamiento de la fauna por destrucción de su hábitat y emisión de ruidos, la destrucción del suelo fértil y la acumulación de grava, lo que a su vez produce alteración de los cauces y álveos, y la proliferación de partículas en suspensión que afecta a las especies acuáticas. A esto se añade la contaminación del suelo, agua y aire por el vertimiento de mercurio, cianuro de potasio o cianuro de sodio, con afectación de toda la cadena alimenticia, incluidos los humanos.

Por otro lado, están los impactos sociales, como la inadecuada ocupación laboral –que va desde violación a las normas de seguridad e higiene minera, pasa por explotación infantil y llega hasta el esclavismo–, trata de personas, imperio de la violencia, drogadicción, alcoholismo, etc. También están los impactos económicos para los que desean realizar actividades legales –como los concesionarios forestales, de reforestación, ecoturísticos y de conservación o las comunidades nativas que desean hacer un aprovechamiento sostenible de su territorio– cuyos espacios son invadidos para esta práctica ilegal o no pueden acceder a mano de obra por las distorsiones que la extracción aurífera ilegal provoca en el mercado laboral. A esto se suma la ausencia de recaudación tributaria en perjuicio del fisco y la sociedad, por una evasión de impuestos que puede superar los 600 millones de dólares anuales[1], generados por una actividad que, para colmo, cuando se realiza en selva, usa insumos exonerados de impuestos. Debido a la falta de acciones efectivas del Estado, la ausencia de un marco jurídico idóneo para reprimir la minería ilegal y a la facilidad de comercializar el oro, se produce también el lavado de activos, muchas veces trasvasando recursos obtenidos de otras actividades ilícitas como narcotráfico, tala ilegal, entre otros; alimentándose un círculo perverso de ilegalidad que daña gravemente el orden social y económico.

A la par de estos graves impactos, debe preocuparnos más el marcado relajamiento moral de quienes practican o apoyan esta perniciosa actividad, pues no tienen empacho alguno en dar la cara o marchar en protestas públicas para exigir su desregulación. Sin duda, preocupa también la actitud de empresarios muy formales, que en muchos casos se vanaglorian de su “responsabilidad social corporativa”, mientras lucran abasteciendo de maquinarias e insumos a los ilegales o prestando lucrativos servicios financieros.

Luego de décadas de indiferencia del Estado y de amplios sectores de la sociedad, a partir del 2010 el gobierno toma acción y de ahí en más se han promulgado nuevas normas para enfrentar este flagelo, las que por cierto requieren ser fortalecidas. Sin embargo, vemos con preocupación que, a propósito de la campaña electoral por la presidencia, se anuncian cambios radicales que podrían estar orientados  desmontar lo avanzado antes que a mejorar las herramientas para formalizar a los “formalizables” y combatir sin miramientos a los “no formalizables”.

 

 

[1] Dato proporcionado por la SNMPE. Según el estudio de Macroconsult el Fisco deja de recibir 450 millones de dólares.

 

Carlos Andaluz Westreicher Carlos Andaluz Westreicher

Abogado de la PUCP, catedrático de derecho ambiental en las universidades de Lima, Católica y Pacifico. Es presidente de Proterra. Autor de varias publicaciones relacionadas con el medio ambiente.