El verdadero valor de una sentencia

Dos temas legales está generando intenso debate: el caso de los comando Chavín de Huantar y el matrimonio homosexual. Lea este punto de vista.

Publicado el: 01/07/2015 11:07
El verdadero valor de una sentencia

La confianza en la justicia no es pan común aquí ni en ninguna parte del mundo. Los motivos de ello son diversos. Para empezar las características mismas del lenguaje jurídico son absolutamente lejanas para el ciudadano de a pie, quien siente que algo ajeno y truculento lo regula o que por algún lado los abogados, interpretes únicos de esta abstracción, pretenden sacar provecho de su ignorancia sobre estos temas. Asimismo, es evidente que los intereses que se ciernen sobre el sistema judicial no siempre son los más “justos” y obligan a que, en repetidas ocasiones, éste se convierta en la herramienta más eficiente de los poderosos para perpetuar la injusticia en su provecho.

Sin embargo, esta semana hemos sido testigos de cómo la labor de los jueces, sí puede resultar efectiva para resolver problemas de interés colectivo y razonar adecuadamente sobre situaciones de la realidad, mas allá de la fría lógica del argumento legal. Nos referimos a dos sentencias judiciales, la primera es la emitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos mediante la cual se prohíbe a todos los estados de la unión americana rechazar las peticiones de matrimonio que realicen parejas homosexuales y la segunda, la resolución emitida  por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos  respecto al caso del terrorista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido dentro del MRTA como el camarada Tito.

Respecto a la primera, es importante hacer algunas precisiones. No se trata estrictamente de la legalización del matrimonio homosexual en los Estados Unidos,  pues de hecho ya era legal en diversos estados, sino que a partir de declarar al matrimonio como un derecho fundamental de la persona y en aplicación de la enmienda 14 de su Constitución que dispone, sin referencia alguna a las uniones homosexuales, que: “Ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos”, se restringe la competencia que cada estado tenía para desconocer mediante sus leyes este tipo de matrimonio. Técnicamente hablando es entonces un tema de restricciones de competencias legislativas entre los estados individuales y la organización federal. Tanto es así que uno de los votos en discordia del Presidente del Tribunal, el juez John Roberts, se resume en la frase: “Esta corte no es un parlamento. Si el matrimonio homosexual es una buena idea o no, no es asunto nuestro”. Y es que esta Corte con su decisión legisla de alguna manera al declarar que el matrimonio es un derecho y un privilegio, por tanto en base al criterio de la igualdad, todos deben acceder a él en los EE.UU, sin que las legislaciones estatales lo impidan.

Este asunto, que demuestra la pulcritud del sistema legal norteamericano, ha sido resuelto sólidamente con normas y criterios jurídicos propios del Common Law, la gran familia del derecho anglosajón a la que pertenecen los EE.UU, en donde el valor de la jurisprudencia (es decir lo que fallan los jueces) es más importante que la norma escrita y pasa por comprender la organización federal de los EE.UU diferente a la de nuestro país (una república unitaria), que otorga independencia legislativa a  los estados para regular de forma distinta temas altamente sensibles como la pena de muerte, el aborto y en su momento la esclavitud.

Ya hemos expresado anteriormente y por esta misma vía nuestras observaciones a la propuesta nacional de Unión Civil hoy archivada en el Congreso, sin dejar de desconocer la necesidad que el Estado proteja las uniones homosexuales, pero también creemos necesario que cualquier propuesta normativa sobre el asunto, debe tomar en cuenta los mecanismos e instituciones de nuestro propio sistema jurídico, perteneciente, nos guste o no, a la familia romano germánica. El sistema norteamericano es diferente respecto al matrimonio, incluso desde alguno de sus fundamentos hasta su práctica legal.

Para ejemplificar el asunto, en nuestro país seria imposible pensar en los matrimonios “al paso” que se realizan en la frivolidad de una ciudad como Las Vegas, las clausulas prematrimoniales sobre prestaciones sexuales mínimas entre las parejas o el inicio de divorcios mediante simples formularios por incompatibilidad de caracteres. No obstante ello, lo sustancial es verificar lo importante que puede ser el razonamiento jurídico en el cambio social cuando existen jueces que no solo se adhieren a las cuestiones formales, sino que emiten razonamientos con un alto contenido moral que impactan en la ciudadanía.

Así, luego de las argumentaciones estrictamente jurídicas, la sentencia, redactada por el juez Anthony Keneddy, hace una declaración valorativa importante: En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran.(…) Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan el respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos (…). Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho. 

Respecto a la segunda sentencia, lo importante es que pone fin a una cadena de desinformación propalada por grupos conservadores ligados al fujimorismo sobre lo sucedido en el operativo Chavín de Huantar. La sentencia ratifica además algo ya resuelto por nuestra Corte Suprema y reconocido hasta por Cesar Nagasaki, abogado del general victorioso Nicolás Hermosa: uno de los terroristas que realizaron la toma de la residencia del embajador de Japón fue capturado vivo y ejecutado extrajudicialmente, siendo obligación del estado investigar este crimen y castigar a los culpables.

La sentencia además calla la boca a los escandalosos macartistas criollos que acusaban a la CIDH de ser roja, comunista o antiperuana, pues ésta a su vez reconoce la legitimidad de la acción de los comandos, y sienta precedente de que el Estado peruano no se puede comportar como un grupo terrorista mas, ejecutando personas sin someterlas a juicio, por mas miserables que sean sus actos. Deja sin fundamento también a quienes vestían innecesariamente de vírgenes intocables a los comandos de nuestro Ejército cuando en ningún momento se puso en duda su valor, heroísmo, ni su prestigio mundial por la acción realizada y, finalmente, deja mal parado al Presidente, quien con verbo florido llamaba a la desobediencia si la CIDH emitía un fallo que no le agradara.

Algunos extremistas manifiestan que con esta sentencia no se va a dejar en paz a los comandos, que el antropólogo forense José Pablo Baraybar (perito de la causa) puede saber de momias incas, pero no de ejecuciones, que la Corte Suprema no valoró el peritaje de un experto norteamericano a favor de la posición estatal y que solo el fuero militar debió encargarse del tema, desconociendo en este último supuesto, que las ejecuciones no son actos de incumplimiento de la disciplina militar sino delitos graves que deben ser juzgados en el fuero civil. Pues todo lo contrario, esta es una perfecta oportunidad para que todas las voces que declaran la muerte en combate de Tito hagan valer sus pruebas,que se aclare de una vez la presencia de los “gallinazos” (aquellos personaje infiltrados, distintos de los comandos y ajenos a la operación) mencionados en su momento por Carlos Loret de Mola (a quien nadie puede acusar de  caviar y comunista), que se determine la participación en esta ejecución de Vladimiro Montesinos quien tiene la extraordinaria virtud de enturbiar todo lo que toca, y a mi entender, que se reabra la causa para Nicolás de Bari Hermosa y otros que se encontraban cercanos a las cúpula fujimontesinista.

Montesquieu decía que el juez debe ser la boca de la ley, creo que  estas sentencias nos enseñan que la labor de este puede ir más allá, puede ser la voz la razón y de la ponderación en una sociedad moderna.

Mario Solis Mario Solis

Abogado incomprendido e irónico profesor. Periodista alguna vez y escritor en sus sueños. Admirador de lo clásico, desde Sócrates hasta The Beatles. En política, incrédulo confeso, por lo que siempre he de opinar.