Reforma del CNM o sometimiento político de los jueces

El anuncio presidencial de modificar la designación de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no ha caído nada bien en los fueros judiciales. Sepa qué piensan los magistrados.

Publicado el: 01/08/2017 18:08
Reforma del CNM o sometimiento político de los jueces

La Constitución Política del Estado Peruano, establece su estructura, con tres Poderes,  el Poder Legislativo, El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, delimitando sus funciones y atribuciones, ninguno dentro ni  sobre el otro. Un país democrático, debe partir por respetar la Constitución, Ley de Leyes, que establece como deber del Presidente de la República, respetar y hacerla respetar.

El Consejo Nacional de la Magistratura, se encuentra dentro de la Estructura del Estado como  órgano independiente, entiéndase que no debe responder a ningún fin político, cualquiera sea la presentación que se le dé.

La Constitución del año 1993, tuvo un gran avance en este aspecto, respecto a la Constitución del año 1979 (artículo 245), que atribuía al Presidente de la República nombrar a los Magistrados a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura y el  Senado ratificaba  los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema. Esto implicaba un sometimiento político de los jueces al gobierno y esa fue la razón por la que políticamente también se destituyeron jueces en el año 1992.

El Proyecto de Ley presentado por el gobierno de turno, para modificar la Constitución Política  del Estado, en cuanto a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura significa un grave retroceso respecto a la independencia de los jueces en el Perú. Contradictoriamente justifica su propuesta señalando que el CNM es un órgano constitucionalmente autónomo que debe tener un amplio rango de acción en el ejercicio de sus competencias, sin interferencias de otros órganos del estado  y que sus funciones deben ser ejercidas “dentro de los límites y alcances que la Constitución le otorga, y no a otros distintos, que puedan convertirlo en un ente que opera fuera o al margen de la misma norma que le sirve de sustento.”

Pues bien integrar un miembro del Poder Ejecutivo y un miembro del Poder Legislativo al órgano que se encarga de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces, aunque no se diga, atenta directamente contra la independencia de los jueces, ya que vuelve a someterlos políticamente, en tanto el Poder Ejecutivo y Legislativo son por naturaleza políticos y el Poder Judicial, es el Poder del Estado encargado de equilibrar ese poder político, y como tal debe ser libre para que pueda decidir sin ningún tipo de injerencia.

Se equivoca el gobierno cuando en su proyecto justifica su decisión en que el CNM debe ser un ente cuya composición interna asegure la participación de los principales poderes del Estado, es un contrasentido, ¿Cómo los poderes políticos van a nombrar a los integrantes del Poder que debe velar por el equilibrio de poderes, en un estado de derecho?

Asimismo, continuando con su justificación señala que se debe garantizar la participación de otros  sectores sin descartarse la inclusión de representantes directos de la sociedad. Precisamente la constitución del actual Consejo Nacional de la Magistratura, buscó ampliar, la conformación establecida en la Constitución de 1979, (el Fiscal de la Nación, dos representantes de la Corte Suprema, un representante de la Federación Nacional del Colegio de Abogados del Perú, un representante del Colegio de Abogados de Lima  y dos representantes de las Facultades de Derecho de la República), integrando de esta manera a otros sectores de la sociedad, considerando para ello a dos miembros elegidos, por los miembros de los demás Colegios Profesionales del país, uno elegido, por los rectores de las universidades nacionales y uno elegido, por los rectores de las universidades particulares. Ello no quiere decir que estemos de acuerdo con la forma como se les designa, consideramos que deben haber modificaciones en el nombramiento de los mismos; pero no podemos desconocer que la sociedad está directamente representada en el CNM. No se debe entender como representantes directos al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.

Consideramos que si se está en el convencimiento de que las funciones de un  Consejero deben ser cumplidas por profesionales del derecho, bastaría con retirar los integrantes que deben ser elegidos por los miembros de los otros Colegios Profesionales del país y derogar la posibilidad de incrementar el número de miembros, pero de ninguna manera la intervención directa del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, esta sería una injerencia directa a la Independencia de los jueces, garantizada por el artículo 138° de la Constitución Política, que establece que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes, señalando como principios de la administración de justicia la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones.

Liliana Dávila Broncano Liliana Dávila Broncano

Abogado, catedrática universitaria. Juez superior especializada en lo Contencioso Administrativo.