¿ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LAS CORTES SUPERIORES?

Se debe tener cuidado con esta propuesta, reflexionarla mucho, buscar la opinión de los jueces de todos los niveles, para evitar cualquier exceso que pueda perturbar la independencia judicial.

Publicado el: 20/07/2016 16:07
¿ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DE LAS CORTES SUPERIORES?

El Plan de gobierno de “Peruanos por el Kambio” señala 9 lineamientos estratégicos en el tema de justicia. El Lineamiento 6 denominado “Mecanismos de control interno fortalecidos y más eficaces para la identificación y sanción de los hechos de corrupción”, propone “facultar la intervención del presidente del Poder Judicial ante graves problemas de corrupción”.

Y en la sección “¿Cómo lo haremos?”, detalla que en el presente año 2016 se promulgue un marco normativo que otorgue al presidente del Poder Judicial facultades extraordinarias para intervenir directamente en las Cortes Superiores de Justicia ante casos de inconducta funcional o de crisis institucional o administrativa…; es precisamente en la forma de hacerlo, que se produce una desviación del objetivo planteado como premisa.

La propuesta planteada no es nueva. En el 2011, el Poder Judicial presentó al Congreso un proyecto de ley similar. No se aprobó debido al rechazo de la magistratura a nivel nacional que, en esos momentos, reclamaba la nivelación de sus remuneraciones, y esta iniciativa legislativa se consideró atentatoria contra los derechos de los jueces a obtener unas remuneraciones justas de acuerdo a su nivel y jerarquía, tal como lo establece la Constitución Política del Perú.

Además, la sanción de las inconductas funcionales de los magistrados se encuentra normada por la Ley de Carrera Judicial y de ello se encargan las ODECMAS, la OCMA y en mismo Consejo Nacional de la Magistratura. No conocemos en qué casos de crisis institucional o administrativa podría existir la necesidad de intervenir una Corte Superior.

La propuesta del partido que asumirá el mando de la nación el 28 de julio detalla que las facultades extraordinarias se otorgarían al Presidente del Poder Judicial y que servirán para reemplazar temporalmente a los jueces, auxiliares administrativos y funcionarios o servidores públicos frente a los cuales existen fundados elementos de convicción de la comisión de graves infracciones administrativo - disciplinarias o penales. También revisar e introducir modificaciones en la designación de las salas y juzgados del distrito judicial que viene siendo objeto de las facultades extraordinarias, así como rotar o cambiar de colocación al personal judicial y auxiliar. Y finalmente “dictar las medidas correctivas y de supervisión adicionales que el caso amerite”.

Todo lo anterior se encuentra contemplado en la actual Ley Orgánica del Poder Judicial. En el artículo 72 se señala que “La dirección del Poder Judicial corresponde al Presidente de la Corte Suprema, al Consejo Ejecutivo y a la Sala Plena de la Corte Suprema…  Ejercen sus funciones y atribuciones en todo el territorio nacional, de acuerdo a la presente Ley y sus Reglamentos… En los Distritos Judiciales la dirección corresponde al Presidente de la Corte Superior, al Consejo Ejecutivo Distrital y a la Sala Plena de dicha Corte, en donde lo hubiere… Ejercen además la dirección las Juntas de Jueces Especializados o Mixtos en las provincias de su competencia, siempre que no sean sede de Corte.”

En el artículo 2 se indica que el Poder Judicial en su ejercicio funcional es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independiente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución y a la presente ley. Y el artículo 143 de la Constitución se señala que “el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Los órganos jurisdiccionales son: la Corte Suprema de Justicia y las demás cortes y juzgados que determine su ley orgánica.”

Consideramos que se debe tener cuidado con esta propuesta, reflexionarla mucho, buscar la opinión de los jueces de todos los niveles, para evitar cualquier exceso que pueda perturbar la independencia judicial. Trabajemos juntos contra la corrupción con estrategias claras y no creando herramientas que en algún momento puedan ser mal utilizadas.

Se deben redoblar esfuerzos para eliminar la corrupción en el Poder Judicial, en cualquiera de sus instancias, estamos seguros que se contaría con el apoyo de la Magistratura a nivel nacional, porque somos los más interesados en que ello suceda. 

Liliana Dávila Broncano Liliana Dávila Broncano

Abogado, catedrática universitaria. Juez superior especializada en lo Contencioso Administrativo.