El estado de derecho y el respecto a las instituciones

La independencia de la judicatura resulta de vital importancia en una sociedad democrática porque con ello se garantiza el respeto a los derechos y libertades inherentes a la persona y el Estado de Derecho.

Publicado el: 27/05/2016 15:05
El estado de derecho y el respecto a las instituciones

Un Estado de derecho se rige por un sistema de leyes e instituciones, estructurado en su Constitución, a cuyo fundamento jurídico se someten las autoridades y funcionarios que ejercen el poder, en donde encuentran su límite y ámbito de ejercicio; es decir, el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente en un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.

La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos de 1879, en su artículo 16, señala que “toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”; ello implica que en un Estado Constitucional el elemento esencial se encuentra en la división de poderes.

En esa línea, la independencia del Poder Judicial es una condición indispensable para la existencia de un Estado democrático de Derecho y garantizar el respeto de los derechos humanos. El artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el artículo 8 de la Convención Americana, reconocen la independencia judicial como un derecho fundamental.

La independencia de la judicatura resulta de vital importancia en una sociedad democrática porque con ello se garantiza el respeto a los derechos y libertades inherentes a la persona y el Estado de Derecho; por este motivo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho, son inseparables.

Estamos próximos a la segunda vuelta electoral y consideramos oportuno abordar este tema, que debe ser de interés de todos los peruanos, ya que quienes aspiran a ser gobierno, encuentran en el Poder Judicial y su “reforma” un caballito de batalla para incrementar sus votos.

El Poder Judicial no cuenta con gran aceptación en la sociedad y una de las principales razones es el retardo en la administración de justicia. “Justicia que tarda, no es justicia” es una verdad inobjetable; sin embargo, esa situación tiene una respuesta objetiva: la elevada carga procesal producto de la predominante cultura de litigio de los peruanos y el reducido número de órganos jurisdiccionales para resolver esa carga.

Hasta el momento no se ha tomado una decisión política clara y contundente para superar este gran inconveniente y la pregunta que surge inmediatamente es ¿a quién o quienes les interesa tener un Poder Judicial desacreditado?

En segundo orden encontramos que el ciudadano considera que existe corrupción en el Poder Judicial; sin embargo, entendemos que son muy pocos los actos de corrupción detectados, comparados con los procesos existentes. Ello no significa que se niegue la existencia de actos aislados de corrupción, los cuales deben detectarse y sancionarse drásticamente, incluyendo la medida de expulsión. Pero cabría preguntarse: ¿Por estos hechos aislados, es necesario poner en peligro la estabilidad de un Poder del Estado? ¿Es necesario poner en peligro el Estado de Derecho en nuestro país?

El nuevo gobierno tiene que ser muy cuidadoso y respetuoso con la institucionalidad porque así garantiza la existencia de un verdadero Estado de Derecho, el fortalecimiento de la democracia y garantía para las inversiones internacionales como nacionales, que fortalezcan y sostengan el crecimiento económico de nuestro país, tarea en la que todos estamos interesados.

El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo deben cumplir sus roles establecidos constitucionalmente, sin interferir el uno con el otro, por el contrario, deben confluir para dar sostenibilidad al país y sobre todo para garantizar el prestigio de nuestro país, como una nación democrática en la que el estado de derecho se respeta y resguarda.

Liliana Dávila Broncano Liliana Dávila Broncano

Abogado, catedrática universitaria. Juez superior especializada en lo Contencioso Administrativo.