Flagrancia y proporcionalidad

Reflexiones sobre la sentencia de prisión efectiva de seis años y ocho meses contra Buscaglia Zapler por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Publicado el: 28/12/2015 19:12

Días atrás vimos a través de los medios de comunicación social la Audiencia Única del proceso inmediato en casos de flagrancia delictiva en donde, en menos de dos horas, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao condenó a Silvana Buscaglia Zapler a seis años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su forma agravada conforme al inciso 3 del artículo 367° del Código Penal vigente.

Según versión de la mamá de la sentenciada que estuvo en el  lugar de los hechos, su hija fue intervenida por el policía de tránsito Elías Quispe Carbajal por, aparentemente, estacionarse en zona rígida dentro del aeropuerto, la señora Silvana Buscaglia le entregó los documentos, el efectivo policial se demoró aproximadamente 40 minutos para poner la papeleta, lo que provocó la reacción airada de la hoy sentenciada quien le reclamó al efectivo por la lentitud en imponer la papeleta de infracción, suscitándose los hechos que conocemos a través de la prensa nacional, en donde se observa que la sentenciada pierde los papeles, empuja al policía porque el efectivo se acerca demasiado y ella reacciona lanzando el casco del efectivo, lo que evidencia la falta de respeto a la autoridad policial, que sin lugar a dudas, merece una sanción penal.

Decreto Legislativo N° 1194

A raíz de la grave situación de inseguridad ciudadana por la que atraviesa la sociedad peruana, con la ola de crímenes, robos, sicariato, el 30 de agosto del presente año se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1194, el mismo que regula el proceso inmediato en casos de flagrancia. Dicha norma modifica los artículos 446, 447 y 448 del Código Procesal Penal del 2004 (en adelante CPP en lo referente al proceso inmediato).

Interpretando esta norma especial en casos en que una persona, por ejemplo, es cogido con las manos en la masa, al presunto delincuente ya no se le conduce a la comisaría a tomar su declaración, la policía lo lleva directamente a la fiscalía de flagrancia, el Fiscal acusa y el Juez sentencia, todo en tiempo record de 72 horas. Los autores de esta norma señalan que es una herramienta legal efectiva para combatir el espiral de delincuencia que azota a la sociedad peruana.

El problema que se suscita es que el abogado de la defensa no se le da el tiempo para recabar pruebas, documentos para rebatir la teoría del caso del fiscal, que se basa exclusivamente en el parte policial, la versión del policía agraviado, la agresión verbal y física (el fiscal no precisa, no explica cómo fueron las agresiones), testimonio de dos efectivos que vieron los hechos, certificado médico legal que concluye que el efectivo ha sufrido lesiones simples, videos que solo se observan por partes.

El abogado de la defensa no tuvo la posibilidad de aportar pruebas como, por ejemplo, presentar testigos, videos de parte, documentos, es decir, no pudo ejercer una defensa completa, viéndose la acusada presionada y por recomendación de su abogado a llegar a un acuerdo con el ministerio fiscal aceptando los cargos formulados por la fiscalía a fin de rebajarle la pena (terminación anticipada del proceso).

La sentencia de prisión efectiva de seis años y ocho meses emitido por el Segundo Juzgado de investigación preparatoria del Callao contra la señora Buscaglia Zapler por el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su forma agravada fue muy drástico, desproporcionado, teniendo en cuenta las circunstancias por la que sucedieron los hechos, la sentenciada no contaba con antecedentes penales ni judiciales, es primaria, tiene buen comportamiento, el Juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de libertad de dos días, hasta dos meses, que ya son penas altas.

Pero como señala la expresión latina dura lex, sed lex, “dura es la ley, pero es la ley”, el juez ha aplicado el inciso 3 del artículo 367° del código penal vigente-violencia y resistencia a la autoridad en la forma agravada que tiene una pena de 8 a 12 años de prisión, pero al haber aceptado el delito se le ha rebajado la pena (seis años y ocho meses de cárcel), que es una sanción muy drástica en la medida que si la norma respeta un grado de razonabilidad frente a otros hechos similares y frente a otros delitos que son mucho más graves.

Frente a este veredicto desproporcionado es preciso preguntarse: ¿las detenciones policiales, en virtud del DL. N° 1194, son realizadas de forma adecuada y respetuosa de los derechos fundamentales del detenido?, ¿será el D. Leg. ¿N° 1194 una herramienta legal que sea utilizado por malos elementos de la policía nacional para cometer abusos contra los derechos de las personas?

Mucho cuidado con la aplicación desmesurada de la norma, si bien es cierto que el Estado por el principio del Ius puniendi tiene todo el derecho de sancionar a las personas que tienen comportamientos disfuncionales, es muy delicado, a raíz de este caso, encarcelar a las personas que no poseen antecedentes criminales, son primarios, que cuentan con arraigo domiciliario y laboral teniendo en cuenta la situación crítica de las cárceles en el país, el hacinamiento, la sobrepoblación carcelería, centros penitenciarios que no rehabilitan a las personas sino son espacios en donde los presos adquieren más experiencia para delinquir.

Es urgente que el Congreso revise la norma para ser aplicado de la mejor manera ya que no se trata de crear leyes, normas, aumentar las penas  para acabar con el alto índice de criminalidad, sino que las normas sean elaboradas por expertos en materia penal y procesal, teniendo en cuenta la proporcionalidad entre el acto que una persona comete y la sanción penal.

Víctor Huerta Ortiz Víctor Huerta Ortiz

Abogado y periodista. Lector y escritor. Aficionado a la buena música de los ochenta. Viajero del Perú profundo.