De la observación a la acción

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad está vigente, pero el camino es tan largo. Apenas se ha dado los primeros pasos.

Publicado el: 05/05/2015 15:05

Tras cinco años de negociaciones, un 3 de mayo de 2008, entró en vigencia la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el tratado internacional de derechos humanos que dedica sus 50 artículos a promover el respeto a la dignidad, condiciones de igualdad y libertades fundamentales de personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en el desarrollo.

Este hecho histórico, significó un cambio de paradigma en los enfoques de la discapacidad. De esta manera, se evidenció que las barreras de la sociedad, es decir los obstáculos físicos y las actitudes negativas que enfrentan las personas con discapacidad, son los principales obstáculos para ejercer a plenitud sus derechos.

Pasamos, entonces, de un modelo asistencialista -en el que las personas con discapacidad eran tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social-, a un modelo en el que son reconocidas como titulares de derechos y por lo tanto, capaces de tomar decisiones que influirán en sus vidas.

Es importante remarcar que una gran cantidad de personas con discapacidad sigue enfrentando tratos hostiles, probablemente generados por el desconocimiento de lo que significa la discapacidad, al no tomarse en cuenta que son los factores del contexto los que dificultan sus experiencias de vida.

Sobre este punto, la Convención reconoce con acierto que la discapacidad es un concepto que evoluciona, que no es estático y que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de una persona y obstáculos como las barreras físicas o las actitudes subjetivas derivadas de creencias o prejuicios que generan limitaciones en su participación en la sociedad.

A partir de una nueva mirada, entendemos que las barreras arquitectónicas, físicas, de acceso a la información y educación y, principalmente, las creencias y prácticas sociales, son las que provocan una situación de exclusión social, impidiendo el disfrute de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con discapacidad.

Lo lamentable es que, instrumentos tan valiosos como la Convención, no han sido lo suficientemente difundidos. Su aplicación es una obligación del Estado y resolvería una serie de problemas, si se pusieran en práctica las políticas públicas en salud, educación, empleo, planeamiento urbano, vivienda, transporte o cultura, entre otros.

Y si bien corresponde a los gobiernos de turno su aplicación, garantizando igualdad ante la ley y prohibiendo la discriminación basada en las discapacidades, también las propias personas con discapacidad organizadas, sus familiares y la sociedad en general, deben pasar de la observación a la acción.

Por lo pronto, en www.portalperu.pe hemos iniciado una cruzada informativa para difundir no solo los alcances de la Convención, sino también para promover la libertad, la igualdad y dignidad de las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Ese es nuestro compromiso.

 

Gloria Pineda Gloria Pineda

Periodista, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, consultora en temas de comunicación y viajera empedernida.